La presidenta de la Asociación de Parques Empresariales de Almassora, APEAL, Olga Gómez, la secretaria de la Junta Directiva, Luisa Salvador, y la gerente, Eugenia Parreño, han mantenido un encuentro con el concejal de industria de la localidad, Vicente Martínez Galí y la técnica ADL. A la reunión se ha sumado el presidente ejecutivo de FEPEVAL, Diego Romá, a fin de contar con la experiencia de esta entidad en la aplicación de la Ley de Áreas Industriales.
Durante la reunión se pusieron sobre la mesa diversas propuestas para la realización de inversiones que mejoren las áreas industriales de Almassora, así como avanzar en la implantación de la Ley 14/2018 de áreas industriales de la Comunitat Valenciana y, particularmente, abordar la creación de Entidades de Gestión y Modernización, EGM, en el municipio.
Tanto APEAL como el Ayuntamiento de Almassora están muy interesados en aplicar cuanto antes las ventajas competitivas que tiene para las áreas empresariales incorporar las herramientas que ofrece la Ley 14/2018. Además de facilitar el acceso a nuevas subvenciones y con mayor consignación económica, reservadas para las EGM, la creación de esta nueva figura jurídica supone un revulsivo, permitiendo aplicar un nuevo marco de colaboración público privada que garantice una mejor conservación de infraestructuras y la posibilidad de poner en marcha nuevos servicios de valor añadido.
FEPEVAL, federación que representa a más de 170 áreas empresariales de la Comunitat Valenciana, ha desarrollado en los últimos años un intenso trabajo asesorando a numerosas entidades y ayuntamientos para la constitución de Entidades de Gestión y Modernización, siendo parte del proceso de creación de la inmensa mayoría de las constituidas en Castellón, Valencia y Alicante.
Avanzar en la profesionalización de la gestión, potenciar la colaboración público privada, promover las áreas empresariales para la llegada de nuevas inversiones públicas y privada son otras de las cuestiones que derivan de una buena implantación de la citada ley y que de no aplicarse supone una desventaja competitiva respecto a las más de una veintena de EGMS que ya se han creado a lo largo y ancho de la Comunitat Valenciana.